El sector inmobiliario venezolano ha recibido una paliza durante los regímenes de Chávez y Maduro: casi 23 años de limitaciones y retroceso en su desarrollo. El principal elemento que ocasiona la compleja crisis del sector es la incertidumbre. La amenaza de expropiaciones y confiscaciones iniciada por Chávez, la politización del sistema judicial, la pérdida de independencia entre los poderes públicos y la impunidad de las violaciones a la Constitución y las leyes por esos gobiernos, crearon las condiciones para hacer desaparecer la confianza que requiere cualquier inversionista. Miles de empresas cerraron sus puertas, los ingresos fiscales se redujeron o desaparecieron por efecto de la corrupción y por el abandono de la industria petrolera, y el gobierno y el régimen se vieron obligados a imprimir dinero inorgánico para pagar sus compromisos, lo que catapultó la inflación hasta superar ampliamente a cualquier país del mundo.
En los años de gobierno de Chávez se dictaron leyes que hicieron esfumarse las posibilidades del arriendo de inmuebles y las de obtener créditos para la adquisición de viviendas, lo que se constituyó de paso en un zarpazo a los trabajadores sin posibilidades inmediatas de adquirir una vivienda o de arrendarla con opción a compra. Innumerables parejas de recién casados se vieron imposibilitadas de vivir independientemente en una vivienda alquilada: vivir arrimados —¿en casa de tu familia o en la de la mía?— era la única opción, lo que por lo general atenta contra la paz y la estabilidad tanto de los anfitriones como de las parejas huéspedes. Por si eso fuera poco, se añadieron limitaciones y dificultades para los propietarios de viviendas arrendadas en caso de inquilinos que incumplían sus obligaciones de pago: la ley de protección al niño y al adolescente impide el desalojo si el inquilino deudor en mora tiene un hijo menor de edad; y la ley de arrendamiento de viviendas sujeta el desalojo a que el inquilino en mora obtenga del gobierno una vivienda, algo que casi nunca se produce.
Durante el régimen de Maduro la inflación y las mayores restricciones al crédito bancario han hecho imposible la compra de viviendas a crédito, a la vez que se conservan todas las limitaciones y restricciones establecidas en los gobiernos de Chávez. Y a ello se añade, desde hace ya 13 años, el deterioro paulatino de los servicios públicos esenciales en todo el territorio nacional, con la precaria excepción de la ciudad capital, Caracas, que también empezó hace pocos años a sufrir las penurias de la disminución de la calidad y de la continuidad de los servicios de agua potable por tubería, suministro de electricidad y gas, y recolección de desechos. El mercado inmobiliario se ve seriamente afectado por el estado de los servicios públicos, lo que se añade a la incertidumbre sobre la propiedad privada para deprimir ese mercado hasta niveles insólitos. De vez en cuando algún corrupto funcionario o algún empresario o gestor enchufado al régimen, obligado por el temor de ser hecho preso en otro país al que quiera ir a invertir o gastar su dinero mal habido, decide adquirir un inmueble a un precio superior al que el mercado puede pagar, por tener que hacer la operación sin tener que justificar el origen del dinero; pero por lo general los inmuebles se venden por precios irrisorios, cuando el propietario decide que es hora de abandonar el país; aunque son muchos los que dejan cerradas sus viviendas, a pesar de las amenazas de invasión —y vehículos abandonados en los estacionamientos de los edificios— pues no pierden la esperanza de que el régimen caiga y puedan regresar. Esa esperanza, que se ha ido destiñendo hasta exhibir un casi imperceptible color verde pálido, mientras en los inmuebles abandonados se deterioran las instalaciones por falta de uso y el polvillo, que día a día se cuela por las rendijas, va convirtiendo los antiguos hogares en auténticos escenarios para películas de terror.
