Zapatero a sus zapatos… lo barato sale caro

El Universal del martes 17 de mayo de 2005 publica un artículo sobre el inicio de las obras de la vía alterna de Caracas a La Guaira, según anuncio del Ministro de Infraestructura Ramón Carrizález. Se citan palabras del Ministro, según las cuales afirma que los trabajos serán ejecutados con personal y equipo del Ministerio, “de manera de abaratar los costos estimados en 25 millardos de bolívares”. Es decir, en lugar de que el trabajo lo hagan empresa constructoras expertas en la materia, asumiendo los riesgos que implica una obra como ésa, será el Ministerio y sus trabajadores, equipos y recursos quienes se encarguen del asunto.
Las declaraciones del Ministro ratifican un rasgo del gobierno de Hugo Chávez, que no es sino una rémora de gobiernos anteriores: el menosprecio de la sabiduría popular condensada en los refranes “zapatero a sus zapatos” y “lo barato sale caro”. Lo mismo ocurre con otras iniciativas en las que el gobierno, en lugar de asumir su papel de regulador y poner las reglas para que la gente haga las cosas de la mejor manera, compitiendo por producir mejores bienes o prestar mejores servicios a menores precios, se convierte en empresario y esgrime el lema de los menores costos porque no considera todos aquéllos en que verdaderamente incurre el aparato gubernamental para realizar actividades empresariales, sin contar el costo que significa que quienes realmente saben cómo hacer las cosas, se quedan sin poder hacerlas y tienen que dedicarse a lo que no saben hacer. El resultado es una mayor ineficiencia generalizada en la sociedad y en el gobierno y la pérdida de la experticia ganada tras años de estudio, práctica y especialización, en ambos ámbitos.
En el caso de la vía alterna a La Guaira se gastarán con seguridad los veinticinco millardos y en el informe anual del Ministro, si por suerte es presentado, aparecerá la obra, si la terminan, como una obra de bajo costo, mientras que en los asientos contables del Ministerio, si se hacen, aparecerán los correspondientes a la nómina de los trabajadores que intervinieron en el diseño, la ejecución, la administración y la inspección, y los gastos de publicidad, los de expropiaciones, entre otros, como si no fueran parte de aquellos costos. Y en los cuadros y gráficos del Instituto Nacional de Estadística y de la Cámara de la Construcción seguirán apareciendo altas cifras de desempleo.
Otro ejemplo del que el gobierno hace alarde, en especial el propio presidente, es el de Mercal. Una buena parte de la Fuerza Armada es utilizada para sustituir a transportistas y distribuidores de alimentos: desde generales hasta soldados actúan como vendedores, cajeros, vigilantes, choferes, cargadores, administradores, supervisores, planificadores, controladores, transcriptores, contadores, analistas, secretarios, mensajeros, sus correspondientes femeninos y pare usted de contar. Las instalaciones y equipos de la Fuerza Armada son utilizados para comprar, transportar, almacenar, distribuir, vender, desempaquetar, empaquetar, pesar, contar, marcar, clasificar, calcular, rotular y con seguridad una larga lista de etcéteras que desconozco porque no soy especialista en el tema. Y no sería de extrañar que además de los de la Fuerza Armada, se utilizaran recursos de empresas del Estado –PDVSA, CADAFE y otras- y de Ministerios e Institutos del Estado. Y nada del costo de estos recursos se manifiesta en los precios de los productos de Mercal, y se anuncia con bombos y platillos que Mercal logró derrotar a los especuladores, que no son otros que la inmensa cantidad de trabajadores que no pueden hacer su trabajo, el de llevar los alimentos al mercado, porque ese trabajo lo está haciendo la Fuerza Armada y las demás organizaciones que dejan de hacer lo que tienen que hacer para dedicarse a la adquisición y distribución de alimentos.
Igual ocurre cuando se decide “rescatar” una empresa quebrada, a la que las fuerzas del mercado dejaron fuera porque otras producen mejor y a menor precio, y se las hace funcionar a juro, inyectándoles capital de trabajo y dejándolas en manos de gente sin conocimiento del negocio, o en el mejor de los casos sin capacidad para invertir. Se utilizan recursos del Estado y seguramente otros soldados para vigilar y otros generales para dirigir, como si los negocios fueran desfiles o guerras virtuales, para sacar adelante empresas inviables.
Y si la utilización de todos esos recursos no afecta el funcionamiento eficiente de las instituciones que colaboran para hacer realidad Mercal o para construir una carretera o producir bienes subsidiados o no competitivos, se puede afirmar sin duda que esos recursos no deberían estar asignados a esas instituciones. Los sueldos, salarios, prestaciones y demás beneficios que se pagan a toda esa gente deberían estar asignados a otros fines. Los costos en que se incurre para tener disponibles todos esos funcionarios y los equipos que se utilizan para poner en funcionamiento a Mercal o para construir la carretera o para hacer funcionar a juro esa empresa no competitiva, deberían ser asignados a salud, educación y seguridad, en lugar de convertirlos en fuente de desempleo e ineficiencia. Porque los recursos son escasos y distribuirlos con eficiencia es imprescindible. Cuestión de economía ortodoxa, desafortunadamente para algunos. Zapatero a sus zapatos, porque lo barato sale caro.