martes, octubre 06, 2015

¡Encorralados!

En Venezuela mucha gente respondió al llamado de los bancos del gobierno y los recién estatizados, a abrir cuentas en ellos, y sigue haciéndolo en vista de que son los únicos autorizados para ser operadores cambiarios para poder tener acceso a los cupos de divisas, cada vez menores, dicho sea de pasada. También muchos comercios, atraídos por la posibilidad de obtener financiamiento para sus negocios y por la esperanza de importar insumos, decidieron abrir sus cuentas en esos bancos e instalar puntos de venta en sus instalaciones.
En Barquisimeto empezamos a sentir que esas decisiones no fueron tan acertadas. Desde hace algunas semanas los comercios de la ciudad empezaron a rechazar las tarjetas de débito y crédito como medio de pago y a exigir la cancelación en efectivo de las compras. Desde entonces las colas en los cajeros automáticos para hacer retiros han ido creciendo, lo que añade una cola más al calvario de los consumidores para hacer sus compras de alimentos, medicamentos, útiles escolares y demás productos de la cesta básica. Por otro lado, puesto que los retiros de efectivo de un cajero automático tienen un límite diario, la gente se ve obligada a hacerlos cada día para tener suficiente dinero en la cartera el día en que requiera hacer sus compras. Los rateros se frotan las manos ante la perspectiva de mejoramiento de los rendimientos de su actividad hamponil y los pedigüeños se hacen más amenazantes en sus pedidos en las unidades de transporte público, a sabiendas de que la gente lleva efectivo consigo. Y como es usual en nuestro país, empiezan a correr rumores sobre un posible corralito en el que nos veríamos limitados en la cantidad de nuestro dinero que podríamos retirar de nuestras cuentas bancarias, como si no fuera suficiente la pesadilla de corral que nos impide convertir nuestros menguados ingresos en una divisa estable, ante la producción de dinero inorgánico que el gobierno hace sin escrúpulo alguno y en abierta y desfachatada violación de la Constitución y las leyes.
Los comercios consultados esgrimen argumentos disímiles sobre las causas de rechazar los pagos mediante tarjetas de débito y crédito: que los bancos del gobierno, operadores de los puntos de venta, retrasan los depósitos que deben hacer de los montos de las ventas realizadas por medio de esas tarjetas; que la información de los movimientos bancarios puede ser utilizada por el gobierno para controlar la operación de los comercios, que se ven obligados a reponer inventarios con sobreprecios, en vista de la escasez y el desabastecimiento; que ante las restricciones de la venta de divisas, se hace necesario contar con efectivo para hacer tratos en el mercado negro y que no queden registradas en los bancos las operaciones de alto monto; y claro, los rumores de congelamiento de cuentas y de impuestos a las transacciones financieras.

Total, sean o no ciertas las razones para ello, los barquisimetanos empiezan a sufrir las consecuencias del encorralamiento producido por el elemento más dañino para la economía y la vida de un país: la desconfianza. Ella aleja las inversiones, dispara la inflación, estimula las compras nerviosas y el acaparamiento, aumenta la ineficiencia de la sociedad hasta niveles insoportables, y produce la angustia, la desesperación y la frustración permanentes de la población ante cualquier necesidad, por más básica que sea, que le lleve a tener que comprar un producto o contratar un servicio. Reponer la confianza exige un cambio que por lo visto el gobierno no piensa dar, que la directiva de la Asamblea Nacional persiste en impedir y que el Poder Judicial está dispuesto a bloquear. Queda en manos de la población dar los pasos para restablecer la tan necesaria confianza.

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