La Regulación del Servicio Eléctrico en Venezuela

Aparte de las normas que permiten al Ejecutivo Nacional fijar las tarifas del servicio eléctrico y de los energéticos, pudiera decirse que en Venezuela no existe una regulación de las actividades del servicio eléctrico. Si bien en septiembre de 1999 se promulgó la Ley del Servicio Eléctrico, que pretendió establecer un mercado mayorista de electricidad, reglas de competencia regulada en generación de electricidad y mecanismos para estimular la eficiencia en las distintas actividades de producción, transporte, distribución y comercialización de electricidad, y que en diciembre de 2001 se promulgó la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico, que corrigió algunos errores de la anterior y prolongó los plazos para la puesta en marcha de la reforma del sector eléctrico venezolano, el Ejecutivo Nacional no ha dado los pasos necesarios para iniciar esa reforma: designar a las autoridades del ente regulador, crear y poner en funcionamiento el operador del sistema eléctrico y administrador del mercado mayorista y promulgar los reglamentos necesarios para el libre acceso a las redes, entre otros.
Por el contrario, las acciones (o la falta de acción) del Ejecutivo Nacional conducen a un deterioro cada vez mayor de la situación financiera de las empresas eléctricas públicas y privadas, y a profundizar la ingerencia del Ejecutivo Nacional en las actividades destinadas a la prestación del servicio eléctrico. La intención de dar carácter normativo al Plan de Desarrollo del Servicio Eléctrico limitarán aún más las posibilidades de inversión privada en el sector eléctrico, ya bastante disminuidas por la incertidumbre que produce la falta de reglas claras en el sector.
Todo parece indicar que Venezuela tendrá que recorrer el camino que muchos otros países han recorrido antes de realizar reformas profundas en sus sectores eléctricos para permitir la participación de la inversión privada: sufrir crisis de abastecimiento. Aunque incluso este camino en Venezuela no asegura tales reformas. Las decisiones recientes del Ejecutivo Nacional de rechazar las ofertas de comercializadores colombianos y generadores venezolanos privados, a la hora de producirse apagones en estados de Los Andes y del noroccidente, por considerar exagerados los precios (nunca más altos que US$ 90/MWh), evidencian que el costo de racionamiento que el Ejecutivo Nacional percibe, está por debajo de esos precios. Por lo visto, el único costo que el gobierno toma en cuenta a la hora de considerar la solución coyuntural de un déficit de electricidad es el costo político, y mientras las fallas del suministro eléctrico ocurran en poblaciones del interior de la República y puedan achacarse a las empresas y no al gobierno, ese costo político es despreciable.