¿Tendrás electricidad en el próximo minuto?

El sector eléctrico venezolano no se ha salvado de recibir su corrientazo de energía revolucionaria durante estos últimos seis años de gobierno del Presidente Hugo Chávez. A la indolencia y la indiferencia de las que fue objeto ese sector durante el gobierno de Rafael Caldera desde 1994, se añadieron en arrasadora inercia, la ignorancia de la que hace gala el actual gobierno y esa característica esencial de los directores ministeriales que han tenido que ver con el sector, como es la de no tomar decisión alguna, por más insignificante que sea, sin haber obtenido el aval previo del comandante, y como éste no asigna espacio en su agenda para las cuestiones eléctricas, excepto para inaugurar las centrales cuya construcción se proyectó e inició mucho antes de su llegada, pues no se toman decisiones. De ello se deriva que la Ley del Servicio Eléctrico promulgada en 1999 bajo el imperio de la ley habilitante de entonces, así como la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico (LOSE) en la que fue transformada en 2001 por la Asamblea Nacional, no son más que letra muerta: no se han puesto en funcionamiento ni el ente regulador ni el ente operador y administrador del mercado de electricidad; no se han promulgado los reglamentos necesarios; no se han establecido las nuevas tarifas del servicio eléctrico de acuerdo con los lineamientos de la LOSE; las resoluciones de tarifas vigentes son violadas en detrimento de la salud financiera de las empresas y, como consecuencia de ello, de las necesarias inversiones para el mantenimiento de equipos y, en el mediano plazo, de la calidad del servicio; mucho menos se han instaurado los mecanismos de incentivo previstos en la LOSE para que entren nuevos productores en el mercado de electricidad o para que se realicen importaciones de los países del área andina, ni se han otorgado las concesiones de distribución de electricidad que permitirían un adecuado régimen de derecho para la realización de esa actividad.
Desde mediados de la década de los noventa, la Oficina de Operación de los Sistemas Interconectados (OPSIS), encargada de coordinar la operación del sistema interconectado nacional, venía advirtiendo de la necesidad de realizar nuevas inversiones en generación de electricidad y en el reforzamiento del sistema de transmisión, y de la posibilidad de racionamientos importantes del suministro eléctrico durante los primeros años de la década en curso, si esas inversiones no se producían. Los años 2001, 2002 y 2003 fueron años de angustia para quienes conocen el estado del sistema eléctrico nacional, pues la sequía había hecho descender los niveles del embalse de Guri, suplidor de casi un 70% de la energía eléctrica requerida por el país, hasta niveles nunca antes alcanzados. Las plantas termoeléctricas de las empresas del Estado Venezolano se encontraban lejos de cumplir con su cuota de suministro para evitar que el nivel del embalse de Guri siguiera bajando. Pero la consigna del gobierno fue la de evitar los racionamientos a toda costa e incluso, la de omitir cualquier mención de esa posibilidad, con excepción de aquella breve y sosa campaña publicitaria de “O la apagas o se apaga” para incitar al ahorro de electricidad, a la que casi nadie hizo caso. Y la política gubernamental era y sigue siendo la de que las inversiones las hace sólo el Gobierno. El 10 de mayo de 2003 el nivel del embalse llegó a 244,55 metros sobre el nivel del mar, varios metros por debajo del nivel de emergencia y poco más de cuatro metros por encima del nivel de colapso, en el que habría que detener ocho unidades de la central hidroeléctrica de Guri y racionar obligatoriamente alrededor del 40% del suministro eléctrico de todo el país. Afortunadamente, una vez más papá Dios decidió dejar para otra ocasión la lección y mandó lluvia en cantidades abundantes, con lo que el peligro de déficit no existirá al menos hasta el 2007; a ello se suma como bendición la entrada en operación de la central hidroeléctrica de Caruachi, que ha podido completarse a tiempo y ser inaugurada por Chávez, gracias al financiamiento contratado con el Banco Interamericano de Desarrollo en 1992, durante el último gobierno de Carlos Andrés Pérez.
Durante estos últimos tres años, en los que la posibilidad de racionamiento era elevada, los industriales y comerciantes venezolanos hicieron compromisos de entrega de sus productos y mercancías; numerosos médicos realizaron intervenciones quirúrgicas o dejaron a sus pacientes, enfermos o recién nacidos, bajo la supervisión de equipos electrónicos de monitoreo; miles de personas utilizaron ascensores en sus edificios de residencia o de oficinas; millones de pasajeros utilizaron el Metro de Caracas para desplazarse de un lado al otro de la ciudad; cientos de operarios de máquinas de procesos continuos hicieron arrancar esos equipos; millones de kilos de productos perecederos fueron almacenados en depósitos refrigerados; decenas de barcos pesqueros izaron sus redes cargadas de pescados para llevarlos a la industria procesadora que les compraría la cosecha; millones de venezolanos guardaron en sus neveras los alimentos del día y de la semana; y como diría la publicidad de una tarjeta de crédito, cientos de hombres y mujeres pusieron sus esperanzas en una declaración de amor hecha bajo la tenue luz de una lámpara incandescente, en un restaurante, una discoteca o una plaza pública; todos ellos sin saber que en cualquier momento podrían ser víctimas de una falla del servicio eléctrico. De haberse producido el racionamiento en gran escala al que casi llegó el sistema eléctrico nacional en mayo pasado, la historia habría sido distinta: los industriales y comerciantes habrían incumplido sus compromisos y habrían tenido que soportar las consecuencias jurídicas, económicas y comerciales de ello; muchas intervenciones quirúrgicas habrían sufrido interrupciones fatales y muchos pacientes se habrían visto desprovistos del necesario monitoreo de sus funciones vitales; miles de personas habrían quedado atrapadas en ascensores o en los vagones del Metro; miles de millones de bolívares se habrían perdido por la interrupción de procesos continuos de producción; millones de kilos de alimentos y productos perecederos se habrían estropeado en depósitos refrigerados y en neveras en millones de hogares; decenas de barcos pesqueros habrían tenido que echar al mar su carga; y cientos de declaraciones de amor se habrían visto interrumpidas, algunas para bien, otras para mal.
De continuar la política de que sea sólo el Gobierno, haciendo exclusión de la iniciativa privada, quien busque y realice las soluciones a estos graves problemas, la situación volverá a repetirse tal vez dentro de un par de años. El Gobierno Venezolano no puede, por sí solo, afrontar las inversiones necesarias sin sacrificar significativamente los programas sociales, porque el dinero, al igual que la energía, no se crea de la nada y el que se usa para un propósito no puede utilizarse para otro. Tampoco podrá seguir siendo la empresa estatal petrolera, PDVSA, la que que contrate la instalación de nuevas plantas de generación, porque CADAFE no genera confianza como para contratar con ella, pues los recursos de PDVSA no son infinitos. Y cuando la urgencia del déficit de electricidad nos coloque en situación de negociación desventajosa y nos obligue a aceptar las exigencias de inversionistas deseosos de hacer negocios más que seguros, no nos quedará otra que preguntarnos ¿Y tú… con qué te vas a alumbrar en el próximo minuto?